Qué forma tan inesperada de llegar al Bicentenario. El próximo presidente del Perú puede ser un profesor de origen rondero, que monta a caballo y usa sombrero, o la famosa “señora K”, que tiene un pedido fiscal de 30 años de cárcel por lavado de activos y liderar una organización criminal.

Resulta irónico que, en su peor momento, Keiko Fujimori pueda llegar a ponerse la banda presidencial. No pudo hacerlo en el 2016, cuando Fuerza Popular había logrado la mayoría absoluta en el Congreso de la República.

Sin embargo, nada está dicho todavía. Desde los sectores sociales más olvidados del país, Pedro Castillo ha dado un salto que dejó mal parada a la “encuestocracia” y replanteó el debate nacional.

El gran empresariado y sus partidos tendrán serios problemas para convencer a la población que vote para que nada cambie, ni la Constitución ni el modelo económico, menos los contratos con el Estado que la actual Constitución prohíbe deshacerlos así sean producto de coimas.

También tendrán que convencer a las familias afectadas por la pandemia que tanto la salud como la educación, la vivienda, el agua y la alimentación son “oportunidades de negocio” y no derechos. Hasta las vacunas entran ahora en los nuevos planes de esta élite neoliberal para hacerse más ricos.

Por su parte, Pedro Castillo deberá enfrentar las campañas de odio de su rival y explicar a las mayorías populares del campo y la ciudad que los cambios son posibles, necesarios y hasta urgentes para salvar miles de vidas frente a la pandemia, generar millones de empleos, dar educación de calidad y llevar los servicios públicos a los lugares más apartados del país.

Castillo tiene que garantizarle al pueblo que no será otro Ollanta Humala. La Asamblea Constituyente y el cambio de Constitución que ofreció, deben ser reafirmados pues es el camino democrático que el Perú necesita para dejar atrás la dictadura neoliberal, el saqueo de nuestras riquezas y el descalabro del Estado.

El Estado tiene que recuperar su rol planificador y protector de derechos, sin lo cual la pandemia y la miseria matarán miles de personas en el próximo quinquenio. Y convertir la educación en la columna principal del progreso de los pueblos y del país.

El nuevo gobierno tiene que reconocer y garantizar los derechos de consulta y consentimiento de los pueblos que luchan contra proyectos extractivos depredadores y abusivos, como Tía María, Conga, Antapaccay, Las Bambas y otros.

Los pueblos originarios y afroperuanos tienen que ser parte de un Estado plurinacional que debe establecerse en la nueva Constitución para cerrar la etapa colonialista de la república peruana.

La base de la reactivación económica tiene que ser la agricultura y la diversificación productiva, para garantizar la alimentación del pueblo peruano y generar millones de empleos.

Dar rango constitucional a la lucha contra la corrupción, con muerte civil y que dichos delitos no prescriban; respaldar la acción fiscal para que los corruptos con poder paguen por sus delitos y devuelvan todo lo robado.

En la reforma del sistema de justicia, establecer la elección ciudadana de las altas autoridades y reconocer la justicia indígena y rondera.

En seguridad ciudadana, incorporar a las rondas y comités vecinales para que trabajen desde los municipios y en coordinación con la PNP.

Los derechos de la mujer y de las personas de diversidad sexual tienen que ser plenamente respetados.

Para acercar la posibilidad de estos y otros cambios, es preciso que en la segunda vuelta Pedro Castillo sea elegido presidente del Perú. Él representa a los pueblos olvidados y discriminados, mientras que la “señora K” expresa al viejo régimen de políticos y empresarios corruptos que quieren ser dueños eternos del Perú.